La eliminación temporaria de derechos de exportación implica un gasto tributario de u$s1.500 millones. Para compensar la pérdida de ingresos, el Ejecutivo tendría que recortar más en subsidios, salarios y programas sociales.

La reducción de retenciones aplicada por el Gobierno nacional obligará a un mayor ajuste fiscal si se busca sostener el superávit primario proyectado para 2025. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la medida representa un gasto tributario equivalente al 0,23% del PBI —unos u$s1.500 millones— que el Estado dejará de percibir.

Ese costo fiscal fue justificado como parte de un esquema para que empresas cerealeras anticipen alrededor de u$s7.000 millones. Sin embargo, hasta ahora la Casa Rosada no explicó cómo planea compensar la merma de ingresos.

El proyecto de Presupuesto 2026 proyectaba para el cierre de 2025 un superávit primario de 1,5% del PBI y financiero del 0,3%. Antes de la rebaja de retenciones, el Ejecutivo esperaba ingresos por el 15,75% del PBI y gastos por el 14,25%. Con la nueva medida, la recaudación pasará al 15,6% del PBI, lo que obliga a reducir el gasto al 14,09% para mantener el mismo resultado.

Esto implicaría un ajuste de 0,91 puntos del PBI respecto de 2024. De acuerdo con el IARAF, para lograrlo deberían aplicarse fuertes recortes sobre el gasto no indexado: una baja del 9,3% en la masa salarial, del 24,8% en programas sociales, del 42% en subsidios energéticos y del 17% en inversión pública directa.

El informe advierte, no obstante, que lo más probable es que el Gobierno no logre alcanzar la meta de superávit primario de 1,5%. En ese escenario, el resultado se reduciría a $11,9 billones —una caída del 30% respecto de 2024—, mientras que el superávit financiero sería de $1,3 billones, con un retroceso del 61,8% interanual.

El análisis también subraya que el cumplimiento de estas metas depende de un comportamiento proporcional de las partidas en el último cuatrimestre del año. Por ejemplo, la masa salarial acumuló una caída del 6% en los primeros ocho meses, lo que implicaría un recorte adicional del 10% en los últimos cuatro meses para que el descenso anual cierre en 7,5%.

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