La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a regulaciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, Precios Justos, la Ley de Góndolas y programas ya discontinuados. Desde Economía sostienen que se busca simplificar el marco regulatorio y transparentar las relaciones de consumo.
El Gobierno nacional avanzó en un nuevo paso de desregulación al eliminar 71 normas comerciales consideradas obsoletas o innecesarias. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 357/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con el objetivo de reducir la burocracia y favorecer la libre competencia.
Según el detalle oficial, se derogaron 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento —ya anulada al inicio de la gestión libertaria—, varias con más de medio siglo de vigencia. Entre ellas figuraban disposiciones que imponían a empresas de insumos para la construcción producir a su máxima capacidad, mecanismos de regulación de precios en distintos sectores y controles sobre la distribución de gasoil.
Además, se dieron de baja 24 regulaciones que supervisaban el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), organismo ya inexistente, y otras 20 normativas vinculadas a programas discontinuados como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, la Ley de Góndolas y planes de estímulo a pequeños productores de granos.
Desde el Ministerio de Economía remarcaron que estas derogaciones “suprimen normas que generan distorsiones de precios, alteran las relaciones comerciales y aumentan la carga administrativa de las empresas”.
La cartera de Comercio destacó que con esta decisión ya son más de 170 las regulaciones eliminadas desde diciembre de 2023. Entre las medidas previas se incluyeron la baja de las licencias automáticas y no automáticas para importaciones, la eliminación del SIRA y de declaraciones juradas que implicaban costos millonarios, además de programas de control de precios como Precios Cuidados y el SIPRE.
El Gobierno sostiene que el objetivo de este proceso es avanzar hacia un “ordenamiento jurídico que transparente el comercio interno y elimine trabas burocráticas” en línea con su agenda de liberalización económica.
