La norma, ratificada por el Congreso tras el rechazo del veto presidencial, quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que no podrá ponerse en marcha hasta que el Parlamento defina las partidas presupuestarias necesarias para cubrir un gasto estimado en más de $3 billones.
El Poder Ejecutivo oficializó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque resolvió suspender su aplicación hasta que el Congreso defina el financiamiento correspondiente en el Presupuesto Nacional.
La medida quedó promulgada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Parlamento rechazara el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que la norma no podrá ejecutarse hasta que se indiquen de manera precisa las fuentes de recursos para afrontar los gastos.
De acuerdo con los cálculos oficiales, la puesta en marcha de nuevas pensiones por discapacidad demandaría $2,16 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y $4,70 billones en 2026 (0,47 %), a lo que se suman los costos del Programa Incluir Salud y compensaciones a prestadores, elevando el gasto total a $3,01 billones, equivalente al 0,35 % del PBI.
En el decreto, el Gobierno justificó la suspensión apelando a la Ley de Administración Financiera, que obliga a especificar el origen de los fondos para toda medida que implique erogaciones adicionales. Además, señaló que los recursos disponibles sin afectar servicios sociales ascienden a $2,3 billones, cifra insuficiente para cubrir el costo estimado.
En paralelo, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo dispuso una readecuación presupuestaria para reforzar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad. El refuerzo regirá a partir del 1° de octubre y permitirá actualizar los aranceles de los prestadores, en respuesta a los reclamos del sector.
