El presidente rechazó la Ley Nº 27.794 que garantizaba el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional. La decisión impacta en las provincias y suma un nuevo capítulo al conflicto con los mandatarios locales.
El Gobierno de Javier Milei vetó por completo la Ley Nº 27.794, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 20 de agosto y establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La medida, formalizada mediante el Decreto 652/2025, profundiza la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, quienes esperaban la normativa para contar con fondos más previsibles.
El proyecto establecía que los ATN —recursos creados por la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales para atender emergencias y desequilibrios financieros— se distribuyeran de forma diaria y automática, bajo las mismas condiciones que la coparticipación. Además, contemplaba la inclusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego en la distribución.
Con este veto, el Ejecutivo mantiene la discrecionalidad en el manejo de los fondos, argumentando que el destino de los ATN debe ser definido en función de emergencias específicas y no bajo un esquema automático.
La decisión se suma a otros vetos recientes, como el de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Hospital Garrahan, lo que alimenta el malestar de los distritos frente a lo que consideran un freno a iniciativas clave para sus finanzas.
El escenario político se complejiza tras la derrota del oficialismo en las elecciones de Buenos Aires y en medio de un proceso de reorganización del gabinete, que incluyó la designación de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior. Pese a los intentos de diálogo impulsados por Guillermo Francos, la postura intransigente del Presidente genera nuevos roces con los mandatarios provinciales.
La tensión por los fondos nacionales tiene impacto directo en las economías regionales, incluida Córdoba, que depende de la coparticipación y de los recursos extraordinarios para sostener el financiamiento de programas y servicios esenciales.
