El Gobierno nacional publicó el decreto 651/2025 en el Boletín Oficial, con el que anuló la norma que destinaba fondos extraordinarios al Hospital Garrahan. La medida frena la recomposición salarial del personal, la asignación prioritaria de insumos críticos y el refuerzo presupuestario para la institución pediátrica de referencia. Desde el Ejecutivo argumentan que la ley carecía de financiamiento genuino y generaba “distorsiones salariales” que comprometían la estabilidad fiscal.
El presidente Javier Milei vetó este jueves la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, más conocida como “Ley Garrahan”, sancionada en el Congreso el pasado 22 de agosto. La decisión se oficializó a través del decreto 651/2025, que devuelve la norma al Parlamento y frena el alivio que había sido votado con amplio respaldo legislativo.
La iniciativa había obtenido 62 votos a favor y apenas 8 en contra, en una sesión que buscó garantizar recursos para el principal hospital pediátrico del país. El proyecto contemplaba una recomposición salarial para los trabajadores —muchos de ellos con sueldos catalogados como de indigencia—, un refuerzo presupuestario para sostener su funcionamiento y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año.
Sin embargo, el Ejecutivo justificó el veto al considerar que la norma “carece de financiamiento genuino” y que su redacción “fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”. Además, advirtió que podría “profundizar distorsiones salariales, comprometer programas esenciales, erosionar la coparticipación federal y poner en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
Entre los argumentos oficiales también se señaló que la eximición del Impuesto a las Ganancias prevista por la ley significaría una pérdida fiscal estimada en 115 mil millones de pesos, lo que afectaría directamente a las arcas públicas.
Desde principios de 2024, distintos gremios y profesionales de la salud vienen denunciando el vaciamiento del Garrahan, la fuga de médicos y especialistas hacia el sector privado y la caída en la formación de nuevos profesionales. Organizaciones médicas y sociales habían celebrado la sanción de la ley como un paso fundamental para preservar la salud pública pediátrica, pero ahora el veto presidencial reaviva la tensión entre el Gobierno y el sector sanitario.
Con esta decisión, Milei mantiene su política de ajuste sobre instituciones públicas estratégicas y reabre el debate en el Congreso, donde la oposición deberá evaluar si logra los votos necesarios para insistir con la norma y superar el veto.
