La Justicia investiga la posible responsabilidad de organismos de control en la distribución del opioide adulterado que provocó al menos 96 muertes. El juez Kreplak señaló “negligencia, connivencia o complicidad” en los procesos de fiscalización.
La causa por el fentanilo contaminado, que ya dejó un saldo de al menos 96 personas fallecidas, sumó un nuevo capítulo este lunes. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del teléfono celular de la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio.
La medida se enmarca en una investigación que busca determinar la posible injerencia de organismos públicos en los controles de laboratorios vinculados a Ariel García Furfaro, entre ellos HLB Pharma y Ramallo S.A. Según Kreplak, existieron indicios de “negligencia, connivencia o complicidad” durante las inspecciones realizadas en esas plantas.
Además de la ANMAT, la pesquisa incluye al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y al Ministerio de Salud de la Nación, que recientemente desistió de su rol como querellante en la causa. En el caso del INAME, su titular Gabriela Mantecón Fumadó fue apartada tras conocerse una posible vinculación con las irregularidades investigadas.
Mientras tanto, la fiscalía impulsa una investigación paralela para esclarecer el grado de responsabilidad de los organismos públicos y determinar si hubo omisiones en los controles que permitieron la circulación del opioide adulterado.
En paralelo, se aguardan definiciones sobre las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados. Los investigadores también trabajan en la verificación de nuevos casos relacionados con la intoxicación por fentanilo, aunque advierten que la información disponible es aún fragmentaria y dificulta las tareas.
