La oposición logró encaminar la designación de autoridades y la massista Sabrina Selva se perfila para asumir la presidencia del cuerpo, que deberá trabajar hasta noviembre en torno a la presunta estafa que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.
La Cámara de Diputados pondrá en marcha este martes la comisión investigadora del caso Libra, luego de varios meses de bloqueos y negociaciones frustradas. La resolución aprobada la semana pasada por la oposición permitió destrabar la discusión sobre la conducción del cuerpo, que finalmente quedaría en manos de la diputada massista Sabrina Selva (Unión por la Patria).
La designación de autoridades está prevista para las 14, en una reunión en la que también se definirá el cronograma de trabajo, con fecha límite fijada para el 10 de noviembre. De acuerdo con lo acordado, Selva ocuparía la presidencia, decisión avalada incluso por legisladores de la Coalición Cívica, quienes destacaron que la conducción de una comisión de control sobre el Gobierno debe estar en manos de la oposición.
El funcionamiento del cuerpo había quedado trabado desde su conformación inicial, cuando se conformaron dos bloques de 14 integrantes cada uno. Mientras la oposición impulsaba a Selva, el oficialismo y sus aliados proponían a Gabriel Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza, pese a que el libertario votó en contra de la creación de la comisión.
En este tiempo, la única actividad posible fue la convocatoria de especialistas como los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser, el experto en criptoactivos Santiago Siri y el querellante Martín Romeo, bajo la coordinación del secretario Adrián Pagan. Sin embargo, no hubo avances concretos en la investigación.
El caso Libra, considerado una de las mayores estafas con criptoactivos en el país, apunta a la responsabilidad política del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por presunto favorecimiento de intereses privados a partir de un tuit del mandatario que promovió el proyecto.
La operatoria, realizada los días 14 y 15 de febrero, habría dejado alrededor de 75.000 damnificados entre pequeños, medianos y grandes inversores. La investigación judicial también involucra al empresario estadounidense Hayden Davis, al singapurense Julian Peh (Kip Protocol) y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Los delitos bajo análisis incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, violación a la Ley de Ética Pública y mal desempeño. Para la oposición, la parálisis de la comisión respondió a obstrucciones del oficialismo; mientras que desde La Libertad Avanza sostienen que el organismo ya se encontraba caducado por vencimiento de plazos.
