El gobernador firmó un decreto que transforma a la empresa estatal de energía en sociedad anónima. La medida incluye la disolución de la Agencia de Conectividad y anticipa una EPEC más versátil, con nuevos servicios y fuentes de financiamiento. El 100 por ciento de sus acciones pertenecen al Estado Provincial.
En un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora este martes en el Centro Cívico, el Gobierno de Córdoba firmó el decreto que modifica el estatus jurídico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que pasará a funcionar como una Sociedad Anónima Unipersonal. Según el mandatario, la medida apunta a modernizar el funcionamiento de la empresa estatal, ampliar su capacidad operativa y facilitar el acceso a nuevas formas de financiamiento.
La transformación también incluye un fuerte reordenamiento institucional: se disuelve la Agencia Conectividad Córdoba y sus funciones, junto con su capital, serán absorbidos por EPEC. Esto habilita a la empresa a avanzar hacia nuevos servicios, como la provisión de Internet, además de fortalecer su rol en el desarrollo de energías renovables.
“El gobernador firmó el decreto de transformación de una de las empresas más emblemáticas que tiene Córdoba, y una de las más importantes en materia de energía a nivel país”, sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López. Según el funcionario, el cambio le dará a EPEC un marco más ágil, en sintonía con “los tiempos que corren”.
López aseguró que EPEC se encuentra saneada, auditada y sin deudas, y que la nueva figura jurídica no implica su privatización. De hecho, remarcó que se trata de una sociedad anónima unipersonal, es decir, con el Estado provincial como único accionista.
La medida busca replicar experiencias exitosas como las de Caminos de las Sierras o el Banco de Córdoba, también bajo esquemas societarios modernos. “La decisión del gobernador es trascendental. Se abre una nueva etapa para EPEC”, señaló López, quien anticipó futuros anuncios a medida que la empresa consolide sus nuevas unidades de negocio.
Pese a las garantías oficiales, el cambio de estatus generó inquietudes en sectores gremiales, que meses atrás habían expresado su preocupación ante los primeros indicios de reestructuración. Desde el Gobierno insisten en que no está en discusión el carácter estatal de la empresa, sino su capacidad de adaptarse a una matriz energética y tecnológica en transformación.
