Este lunes, el juez porteño Roberto Gallardo dispuso que el operativo para la movilización que se realiza el miércoles estará a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La medida fue anunciada de cara a una nueva protesta de pensionados y pensionadas, a la que se suman gremios de las centrales obreras.
Con este fallo le quita posibilidad de acción a las fuerzas federales, que están bajo el mando de la titular de Seguridad Patricia Bullrich. Además, el juez remarcó que CABA no adhirió al protocolo Antipiquete. Gallardo aseguró que «no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales» de las personas que asistan a la marcha.
El magistrado, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad, hizo lugar a los amparos presentados por diversos gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Después de reiteradas denuncias por la brutalidad de los operativos comandados por la ministra de Seguridad, los sindicatos solicitaron «evitar la participación de fuerzas federales».
«El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, concluyó el juez en el dictamen.
La replica de Bullrich
Al conocer el fallo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo.
En su denuncia, el Gobierno acusó al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Bullrich solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirmó en la presentación, «vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas».
«El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional», indica la denuncia.
Fuente: LNM
