Un operativo desmedido reprimió con gases y golpes a manifestantes frente al Congreso. Jubilados, trabajadores y periodistas fueron agredidos en una nueva muestra del avance represivo del Gobierno.
La protesta de jubilados y pensionados en reclamo de mejoras en sus haberes fue brutalmente reprimida este miércoles frente al Congreso Nacional, en un operativo desproporcionado que aplicó el «Protocolo antipiquete» de Patricia Bullrich. Gremios, organizaciones sociales y políticas acompañaron la movilización, que exigió una respuesta ante el ajuste que afecta a los sectores más vulnerables.
El accionar de las fuerzas de seguridad dejó una preocupante postal de violencia institucional: efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimieron con gas pimienta a una anciana, un fotógrafo y a una niña que estaba en la zona. La identidad de la menor y si formaba parte de la protesta o solo transitaba cerca de la escuela primaria ubicada en las inmediaciones aún es un dato incierto.
El fotógrafo agredido, Damián Dopacio, de la Agencia Noticias Argentinas, relató el momento en que fue atacado junto a una jubilada: «Estábamos caminando por la vereda cuando de repente un prefecto nos tiró gas pimienta de cerca. Algo incomprensible. Una locura absoluta». Fue asistido por otro reportero, que alertó al personal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presente en la manifestación.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudiaron el hecho y denunciaron el abuso de las fuerzas de seguridad: «El protocolo de Bullrich, sin control judicial, es en la práctica pegarle a jubiladxs y asfixiarlxs con gases. Tiene que ser declarado inconstitucional».
La represión no solo alcanzó a manifestantes y adultos mayores. En otro episodio, un efectivo de la Policía Federal golpeó con su motocicleta a un fotógrafo en medio de los incidentes, en una escena que recuerda la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad hace apenas dos semanas, cuando el reportero Pablo Grillo fue gravemente herido durante otra movilización en la que jubilados reclamaban por sus derechos.
La convocatoria de este miércoles también denunció el fin de la moratoria previsional y la quita de medicamentos gratuitos para los adultos mayores, medidas implementadas por el Gobierno que afectan directamente a miles de argentinos y argentinas cuyos aportes patronales nunca fueron regularizados. La protesta estuvo respaldada por gremios como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que realizó un paro en solidaridad, y una importante columna de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que se movilizó con banderas, bombos y trompetas.
El desproporcionado despliegue de seguridad incluyó a Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura, con camiones hidrantes, patrulleros y un cerco de vallas que aisló el Congreso. Este operativo, que se desarrolló en la previa del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, deja en evidencia una preocupante escalada represiva contra sectores vulnerables y en lucha.
Lejos de ofrecer soluciones al deterioro del sistema previsional, el Gobierno responde con palos y gases a quienes, tras toda una vida de trabajo, exigen el derecho básico a una vejez digna.
