El Gobierno enfrenta una creciente crisis política y moral tras el escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que involucró al presidente Javier Milei y su hermana Karina. Mientras intenta desviar la atención con medidas polémicas, como el nombramiento de jueces por decreto y un nuevo endeudamiento con el FMI, el descontento social se intensifica. La represión a jubilados y las movilizaciones masivas reflejan el rechazo a un ajuste cada vez más severo, mientras emergen nuevos focos de resistencia en un país golpeado por la crisis económica y el autoritarismo.
OPINIÓN
JUAN CARLOS JUNIO
DIRIGENTE COOPERATIVISTA
Todo indica que el Gobierno Nacional, como consecuencia del impacto político de la estafa $LIBRA, ha salido abruptamente de su sensación de marcha triunfal para entrar en un cono de cuestionamiento político y moral, tanto en una franja importante del pueblo argentino que tenía una expectativa vigente para la gestión libertaria, como en medios periodísticos trascendentes de nuestro país y el exterior y en la opinión pública en general, especialmente en zonas que consideraba propias y ganadas, como las redes sociales.
Ante tal cuadro, el Gobierno intenta reaccionar con una conducta que va sufriendo un claro desgaste: la de generar iniciativas políticas, económicas o culturales de forma permanente a los efectos de velar la atención de la opinión pública de la estafa que involucró al propio presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Lo cierto es que el escándalo por la cripto confluyó con la cristalización del nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto, eludiendo lo establecido por la Constitución Nacional, que dispone que deben ser aprobados por el Senado de la Nación. Se va instituyendo de este modo un sistema de gobierno que abusa de la facultad del DNU (decreto de necesidad y urgencia) en decisiones muy trascendentes, como en este caso, el nombramiento de jueces supremos y el que se anunció recientemente, el próximo nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se utilizaría la misma metodología ya impugnada por casi todos los partidos políticos y los constitucionalistas más reconocidos, provenientes de distintas escuelas o ideologías.
La exigencia del ajuste
En realidad, el desprecio al Congreso Nacional como poder democrático del Estado viene desde el inicio de la gestión, cuando el presidente asumió dando la espalda a la sede del Poder Legislativo y ponderó, además, que era un «nido de ratas». Desde entonces sostiene una campaña cultural relativizando el rol del Parlamento, fenómeno que se ha ido acentuando hasta llegar al punto actual en el que la composición de la Corte Suprema y el nuevo endeudamiento que sobrevendría se «resolverían» vía DNU, sin el aval parlamentario, tal como establece la ley.
Paradójicamente, la vocera del FMI, Julie Kozack, señaló que no importaría mucho si el acuerdo se plasma por ley o decreto ya que se trataría de una «cuestión de derecho interno», avalando indirectamente la actitud política del Gobierno.
Es imprescindible señalar que la burocracia del FMI sostiene sus exigencias tradicionales en materia de condicionalidades, exigiendo medidas monetarias y cambiarias «consistentes», que no serían otra cosa que la profundización del «ajuste más grande de la historia», definido por el propio presidente.
Jubilados con hinchada
La política y la prédica presidencial sobre la destrucción del Estado ha quedado una vez más cuestionada a partir de la nueva tragedia ocurrida en Bahía Blanca. En el anterior episodio climático bahiense, en diciembre de 2023, el presidente había sostenido su política resumida en la frase «no hay plata», manifestando que la ciudad, para recuperarse, debería conformarse con «los recursos existentes». En esta oportunidad, en cambio, se vio compelido a modificar esa conducta y que el Estado nacional concurra con la provincia y el municipio al salvataje de la catástrofe humanitaria y económica.
El luctuoso saldo del evento climático obligó a Milei a aceptar lo que había rechazado pocos días después de asumir ante un hecho similar: que el rol del Estado es fundamental en muchos sentidos y especialmente ante episodios como el ocurrido en Bahía Blanca y alrededores.
Como siempre, el mes de marzo se caracteriza por grandes movilizaciones sociales. El 8M mostró una vez más una manifestación crecida, con una fuerte presencia de cientos de miles de personas, particularmente mujeres, en todas las plazas del país, mientras crece la expectativa de siempre acerca de un nuevamente masivo 24 de marzo. Asimismo, en estos días se suma una novedad en los miércoles de los jubilados a partir del inesperado fenómeno político y cultural generado a raíz de una iniciativa de la hinchada de Chacarita. Desde esta semana simpatizantes de casi todas las entidades del fútbol argentino se suman a la actitud solidaria de sus pares de Chacarita ante los jubilados apaleados y prometen marchar junto a ellos frente al Congreso Nacional.
En una Argentina cada vez más empobrecida, el autoritarismo se propone avanzar inclusive justificando la represión a los jubilados de los miércoles, aunque la militancia de los mayores se multiplica los sábados en las esquinas porteñas con los «jubilados en defensa propia».
Fuente: Revista Acción
