A 100 días de haber asumido como intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas aún no ha logrado imprimir un sello distintivo en su gestión, aunque ha mostrado una mayor apertura al diálogo. Las promesas de campaña, como la reducción de impuestos municipales y la mejora en el transporte público, aún no se han materializado, mientras persisten problemas estructurales, en especial en materia de seguridad y viviendas.
OPINIÓN
NANO NUSBAUM
PERIODISTA
En el plano económico, el superávit que exhibía el oficialismo al inicio del año ha dado paso a un déficit primario. Este deterioro llevó a la emisión de letras para cubrir el desbalance fiscal, lo que refleja las dificultades para mantener el equilibrio en medio de la crisis económica. Con un Gobierno nacional que ha recortado fondos para obra pública y una baja en las recaudaciones, De Rivas enfrenta un panorama complicado para lo cual se torna fundamental el apoyo del gobernador Martín Llaryora.
Los primeros 100 días de una gestión suelen tomarse como un estándar para medir su eficacia. Si bien es un criterio arbitrario, es utilizado por el público y los medios como un indicador de éxito. En este breve período, no es posible concretar muchas políticas estratégicas, pero estos primeros meses tienen un fuerte valor simbólico, ya que son interpretados como un termómetro del poder del mandatario y de la impronta de su gobierno.
Durante este tiempo, De Rivas se ha mostrado como un intendente dialoguista, dispuesto a sentarse con diversas instituciones y a actuar como mediador entre distintos actores sociales. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por conflictos laborales, mucho diagnóstico, pocas propuestas y ahora se le suman los problemas económicos. La relación con el Sindicato de Empleados Municipales ha sido tensa, especialmente tras la no renovación de alrededor de 50 contratos, una medida que generó tensiones y que luego fue revertida en gran parte. Este episodio es un reflejo de las dificultades económicas que enfrenta su administración y la necesidad de reducir el gasto público.
El Informe Trimestral de Gestión Financiera reveló un déficit primario de 1.900 millones de pesos, lo que representa una caída del 207% respecto al mismo período del año anterior. Este deterioro pone de manifiesto que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos operativos básicos. El municipio atribuye esta situación a una baja en la recaudación del 20% entre enero y agosto, así como a un aumento en la demanda social y en los recursos necesarios para sostener el sistema de transporte y la seguridad local. La reciente aprobación de una deuda por 5.000 millones de pesos—4.000 millones en letras del tesoro y 1.000 millones a través del Banco de Córdoba—subraya la fragilidad de las finanzas municipales. Aunque estos fondos son esenciales, el nuevo endeudamiento compromete la estabilidad financiera a largo plazo.
El transporte público sigue siendo uno de los puntos más críticos. Pese a la promesa de eliminar el sistema de transbordo, no ha habido avances significativos. La empresa SAT ha solicitado un aumento del boleto, que podría pasar de 900 a 1.600 pesos, lo que genera preocupación entre los usuarios, además de los paros y suspensiones del servicio. La falta de regulación sobre el uso de aplicaciones de transporte como Uber, que ya opera informalmente en la ciudad, es otro punto de controversia en el inicio de la gestión.
Por otro lado, una denuncia por sobreprecios en la compra de contenedores por parte del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) ha generado críticas hacia la administración, especialmente por la falta de transparencia y el mal manejo de recursos públicos. Aunque la compra finalmente fue frenada luego de que el tema tomara estado público, la denuncia ya despertó una alerta en la gestión.
A este panorama se suma el incumplimiento de la promesa de reducir impuestos. En lugar de ello, los vecinos han enfrentado incrementos en servicios como el agua, lo que aumenta el malestar en un contexto económico complicado. En la misma campaña, el actual secretario de Economía había dicho que bajar los impuestos no era viable y luego a medida que avanzó la campaña cambió de parecer y la reducción de impuestos fue una de las promesas electorales.
A su vez, se le critica a De Rivas la falta de celeridad en la implementación de políticas públicas, considerando que su gestión es una continuidad de la anterior y no debería necesitar mayor tiempo para tener un diagnóstico de la ciudad y saber qué es lo que hace falta concretar.
En el plano político, De Rivas aún no asumió el rol de referente del PJ local, optando más bien por fortalecer una gestión que busca dialogar con todos los sectores. Menos aún ha logrado consolidarse como intendente líder en el sur de provincial, un desafío más complejo al considerar el rol del ex intendente Juan Manuel Llamosas, quien ahora actúa como asesor de los departamentos del sur para el gobernador y con rango ministerial.
A pesar de los conflictos y los desafíos, algunos aspectos positivos destacan en la administración de De Rivas. Se han impulsado mejoras en el tránsito, endureciendo las normas contra motos ruidosas y combatiendo las fiestas clandestinas. Asimismo, ha promovido el fortalecimiento de la seguridad mediante la Guardia Urbana y la creación de una mesa interinstitucional para abordar la problemática de las adicciones.
En los últimos días, el intendente lanzó un Plan de Acción para el Fortalecimiento de Asociaciones Vecinales, con una inversión de 80 millones de pesos para mejorar el equipamiento de las 52 instituciones barriales de la ciudad, buscando consolidar su presencia en cada rincón de Río Cuarto. Además, presentó el programa «La Muni en tu barrio», como parte de su estrategia de descentralizar el gobierno municipal y «estar cerca de los vecinos», una promesa emblema de su campaña.
En resumen, los primeros 100 días de Guillermo De Rivas han estado marcados por una gestión abierta al diálogo y comprometida con la descentralización, tal como lo había anticipado en tiempos electorales. Sin embargo, también han sido meses de conflictos laborales con los trabajadores municipales, problemas en el transporte y denuncias por irregularidades. Las promesas electorales, como la baja de impuestos y la mejora en el transporte, siguen en compás de espera. Aunque ha habido avances en seguridad y para mejorar el orden público, el intendente necesita medidas más contundentes para enfrentar los desafíos de Río Cuarto en un contexto de recesión económica persistente y será necesario que impulse políticas creativas para cumplir con su promesa de «trabajar juntos por la región productiva».
